Abstract
The present work deals with the need for looking innovative and creative co-financing mechanisms in local public work projects, especially in the water and sanitation sector. Those, generally, are a competence of local governments in Latin America. In a highly marked context in which local governments have to provide resources for public works, since they are not receiving considerable nonrefundable contributions (subventions) from the central government; local authorities are facing a big challenge: "accomplish with their obligation (mandatory) of providing high quality public services to their citizens, in a scarce resources scenario". Under this perspective, the participation of other financial and management schemes for public services, as the public/private participation model (mixed economy companies, concessions), could start gaining more importance. However, these schemes should be framed in a transparent participative model, in which all the beneficiaries have an active participation in the decision making process. This will assure the support for this kind of initiatives, building between all the participants a transparent policy regarding local public expenditure.
| Translated title of the contribution | Model public-private participation on water and sanitation public works in Latin America |
|---|---|
| Original language | Spanish |
| Pages (from-to) | 5-17 |
| Number of pages | 13 |
| Journal | Tecnologia y Ciencias del Agua |
| Volume | 7 |
| Issue number | 3 |
| State | Published - 1 May 2016 |
| Externally published | Yes |
Funding
En las PPP institucionales, la relación entre los dos sectores no se basa en un contrato entre un principal y un contratista, en este caso se trata de una participación conjunta entre los sectores público y privado. Esta participación se realiza a través de una entidad (p. ej., una empresa de economía mixta) que se encargue de la gestión (diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento) del bien o servicio público. Este modelo de PPP institucional es menos utilizado que el PPP contractual (con-cesión) y cuenta con el inconveniente de que en ocasiones no facilita la competencia, lo que no incentiva al sector privado para alcanzar mejores niveles de eficiencia, además de tener el inconveniente “relativo” de tener que formar una empresa mixta (público-privada), lo que en ocasiones no es del total agrado de la empresa privada, sobre todo si la mayoría accionaria pertenece al Estado, como suele ser frecuente en este tipo de empresas. No obstante, este modelo de PPP institucional se presentaría como una opción factible para el caso latinoamericano, al ser el que permite la creación de entidades de economía mixta, en lugar de las concesiones tradicionales que suelen causar más resistencia en los círculos políticos. estas posibilidades, en particular cuando se trata de analizar los dos casos extremos (público versus privado) (Ruiz-Villaverde, González-Gómez, & Picazo-Tadeo, 2015). En tal sentido, el desa-rrollo del marco teórico en que se basa cada uno de estos dos tipos de gestión ha sido realmente interesante; así, las posturas que sustentan una sustancial intervención gubernamental (pú-blico) se asientan desde la denominada Teoría del Interés Público (desarrollada por Pigou en 1932, la cual sostiene que el mercado es incapaz de asegurar eficiencia en la asignación de los recursos y por lo tanto se hace necesaria la in-tervención del Estado para corregir estos fallos del mercado) hasta las teorías que esgrimen la preeminencia del sector privado, como las de-nominadas Teoría de la Agencia (sostiene que en la empresa pública existe un menor incentivo que en la empresa privada para llevar a cabo un control de la actividad de los gestores del que pueda esperarse una mayor eficiencia empresa-rial) y la Teoría de la Elección Pública (arguye que es previsible esperar un comportamiento menos eficiente por parte de los burócratas de alto nivel, ya que éstos no persiguen los intere-ses generales de los ciudadanos-electores, pues buscan su propio interés) (González-Gómez, 2006). En este mismo sentido, la evidencia empírica recopilada en varios países, principal-mente desarrollados, tampoco parece presentar una evidencia irrefutable que indique una superioridad en términos de eficiencia de la gestión privada sobre la pública, o viceversa, y que ayude a dilucidar el desacuerdo teórico (González-Gómez & García-Rubio, 2008), lo que de hecho es uno de los motivos por los que se recomienda analizar la pertinencia de los esquemas que combinan estos dos modelos de gestión como son las PPP, pues tales esquemas mixtos de gestión han demostrado ser no menos eficientes que los públicos o privados, incorpo-rando las ventas de estos modelos como el know how de la empresa privada, a la vez que permite el control más directo de los intereses públicos (González-Gómez, García-Rubio, Alcalá, & Ortega, 2014). Por otro lado, no se debe dejar de mencionar de igual manera las corrientes que actualmente, y a pesar de no contar con evidencia contundente en favor de la gestión pública del agua, propugnan la remunicipaliza-ción (revertir las concesiones del sector privado al sector público) de estos servicios, como es el caso de España (Ruiz-Villaverde et al., 2015). Si bien es cierto que los gobiernos locales pueden acudir a las fuentes convencionales de financiamiento de obra pública local, como los bancos de desarrollo (Banco del Estado (BdE) en Ecuador, Banco Nacional de Desarrollo Econó-mico y Social (BNDES) en Brasil, Corporación Financiera de Desarrollo S. A. (Cofide) de Perú, entre otros), en muchas ocasiones este acceso se ve limitado por la propia capacidad de endeu-damiento de cada gobierno local. La capacidad de endeudamiento de las entidades municipales está limitada o condicionada básicamente por los recursos propios que generan las entidades, las transferencias que reciben del gobierno central, las amortizaciones de los créditos concedi-dos anteriormente y a los que estén actualmente haciendo frente. Estos últimos constituyen los casos en que la capacidad de endeudamiento es un limitante y para los que la búsqueda de esquemas de participación público-privado tiene pertinencia como mecanismos alternativos de cofinanciación de obra pública. Estos esquemas de colaboración PPP para la financiación de obra pública han tenido un largo recorrido, principalmente en los países de mayor desarrollo relativo (Reino Unido, España, Alemania, Francia, Italia), y de igual manera han sido aplicados y se siguen implementando en varios países latinoamericanos (Brasil, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Argentina, Perú). No obstante, en otros países, como Ecuador, Bolivia y Venezuela, han tenido poco desarrollo o incluso están limitados, y hasta cierto punto prohibidos por la legislación nacional (CAF, 2015). En tal contexto, la discusión de estos esquemas resulta totalmente pertinente, más aún en el sector de agua y saneamiento, que por su carácter estratégico y de alto impacto social puede ser menos atractivo desde el punto de vista financiero y de mayor complejidad en lo legal, en especial si se le compara con otros sectores, como puede ser de energía, transporte y telecomunicaciones (los ejemplos más repre-sentativos de los modelos de PPP). No obstante, y a pesar de esta falta de atractivo relativo del sector de agua y saneamiento, recientemente en Latinoamérica se han implementado impor-tantes proyectos de suministro de agua potable y saneamiento en países como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, lo que ha convertido a la región en la segunda más activa en desarro-llos de PPP en el sector agua (CAF, 2015). Estos proyectos son en su gran mayoría concesiones de plantas de abastecimiento de agua y plantas de tratamiento de aguas residuales, como la de La Taboada en Lima, concesionada para la construcción y operación durante un periodo de 25 años a la empresa española ACS Servicios Comunicaciones y Energía, siendo la planta más grande de América del Sur y una de las más grandes del mundo, con una capacidad de tratamiento de 14 metros cúbicos por segundo de aguas residuales, diseñada para tratar un caudal máximo de hasta 20.3 metros cúbicos por segundo (Diario Cinco Días, 2009). De igual manera, se pueden presentar como ejemplos de
| Funders |
|---|
| BNDES |
| Banco Nacional de Desarrollo Econó-mico y Social |
| Banco del Estado |
| BdE |
| Teoría de la Elección Pública |
| Teoría del Interés Público |
| Agencia Córdoba Ciencia |
| Canadian Armed Forces |
| Total |
UN SDGs
This output contributes to the following UN Sustainable Development Goals (SDGs)
-
SDG 6 Clean Water and Sanitation -
SDG 9 Industry, Innovation, and Infrastructure -
SDG 17 Partnerships for the Goals
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